Escribe Mercedes de Mendieta, legisladora CABA Izquierda Socialista/FIT Unidad

La muerte de la policía Maribel Zalazar fue utilizada por los partidos patronales para traer el debate sobre el uso de las armas taser. El gobierno peronista del Frente de Todos aprobó la compra de cien pistolas de ese tipo que serán utilizadas por la Policía Federal y dio luz verde al debate. Bullrich aprovechó para disputar en la interna de Juntos por el Cambio con Larreta, a quién acusa de “tibio”. Larreta, mientras lanzaba su candidatura presencial, le respondió que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “decidió usar la taser”. Como era de esperar, los liberfachos de Milei y Ramiro Marra no tardaron en pronunciarse a favor de estas armas de tortura. Solo la Izquierda rechaza su uso y la política de más mano dura que buscan aplicar tanto el peronismo como Juntos por el Cambio y los liberfachos. Lo que está por detrás es la necesidad de los partidos patronales de profundizar la represión para hacer pasar el ajuste y criminalizar la protesta social. Así lo demostró la amenaza de muerte por parte del diputado  de “La Libertad Avanza” aliado de Milei, Luis Espert, que pidió “bala o cárcel” para el dirigente del Partido Obrero Belliboni.

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad rechazamos el uso de estas armas letales. Su funcionamiento se basa en la aplicación y paso de hasta 50.000 voltios a través del cuerpo y puede causar la muerte, como lo han demostrado los cientos de casos de víctimas fatales en Estados Unidos a mano de la represión policial. Incluso el Comité contra la Tortura de la ONU las define como “provocadoras de un dolor intenso” y que constituyen “una forma de tortura que en algunos casos puede provocar la muerte”.

La inseguridad crece de la mano del plan de ajuste de los gobiernos y el FMI. Es un flagelo social que se profundiza de la mano del crecimiento de la pobreza que supera el 40% en el país y llega al 60% en los niñes y adolecentes, y afecta particularmente a les trabajadores y sectores populares.

Pero el problema de la inseguridad no se resuelve con más policía o con más armas de tortura. Es la propia policía la que aplica el gatillo fácil en los barrios y es cómplice del delito organizado y el narcotráfico, como lo dejó en evidencia el caso de Lucas González en la Ciudad de Buenos Aires y tantos otros a lo largo y ancho del país. Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad decimos que para terminar con la inseguridad tenemos que impulsar un plan obrero y popular que ataque la pobreza, la desigualdad y los salarios de miseria, que parta de romper con el FMI, y que el dinero que va a la deuda se dirija a terminar con las problemáticas sociales del país.

Escribe Nicolás Núñez

El Encuentro Memoria Verdad y Justicia, del que somos parte desde Izquierda Socialista, y los distintos organismos de derechos humanos independientes de los gobiernos, se encuentran preparando una nueva movilización para ganar las calles de todo el país a 47 años de iniciado el último golpe genocida cívico-militar. Se sale a las calles porque una de las tantas promesas incumplidas de los “40 años de democracia” fue la de juzgar al conjunto de los criminales que llevaron adelante un plan sistemático de exterminio contra la resistencia obrera y popular a los planes del imperialismo en nuestro país.
Esa impunidad se gestó en gobiernos radicales y peronistas, y si bien la lucha consiguió dar de baja insultos a la memoria, la verdad y la justicia, como las leyes de impunidad y los indultos, y se logró que comiencen los juicios y encarcelar a más de mil genocidas, la mayoría sigue aún en libertad, o camino a terminar biológicamente sus vidas en libertad. Aún siguen ocultando qué hicieron con las niñas y niños apropiados. Recordemos que en nuestro país funcionaron más de seiscientos centros clandestinos de detención para tener un número de los partícipes aún impunes, y que dicho plan contó con participación de las cúpulas empresariales que al día de hoy siguen siendo mandamases de la economía argentina.

Señalemos nomás las centenas de delegados desaparecidos de firmas como Ledesma, Ford, Acindar, FIAT, Siderca (Techint), y Propulsora Siderúrgica, una de las empresas sobre cuyos representantes obreros golpeó antes que la propia dictadura la Triple A (creada durante el gobierno de Juan Domingo Perón), como lo grafica el asesinato en enero de 1976 de Carlos Scafide, militante de nuestro partido antecesor, el glorioso PST. Efectivamente, nuestra corriente fue parte de la historia de la resistencia frente a las bandas fascistas paraestatales primero y de la dictadura militar luego. Y es también en homenaje a los compañeros caídos en esas batallas que saldremos este 24.

Vamos a escuchar a Alberto y al kirchnerismo llenarse la boca en esta importante fecha, pero es su gobierno el que sigue sin entregar los archivos de inteligencia de la dictadura, así como fue Cristina Kirchner quien puso a un genocida como César Milani a cargo del ejército, buscando siempre instalar la idea de “reconciliación”. También vamos a toparnos en la previa al 24 con los liberfachos, desde Milei hasta Lopez Murphy, negando el número de desaparecidos.  Ante todos ellos, como decimos cada 24 de marzo: no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos, 30 mil compañeras y compañeros detenidos-desaparecidos, ¡Presentes!

Escribe Noelia Agüero, legisladora provincial Izquierda Socialista/FIT Unidad

En los primeros meses de 2023 el brutal ajuste de los gobiernos arrasa con los bolsillos de los trabajadores. En Córdoba, el peronista Schiaretti toma deuda millonaria en dólares para obras faraónicas y gasta millones en publicidad electoral pero no resuelve los graves problemas de la provincia, a pesar de contar con superávit: los conflictos salariales de los estatales, las demandas de los sectores más empobrecidos o la reparación y acondicionamiento de escuelas y hospitales. Por el contrario, gobiernan para el empresariado rico y el agro.

Desde los primeros días de febrero nos movilizamos por la reincorporación de 24 trabajadores despedidos de Atanor Río Tercero; continúan los despidos encubiertos a las trabajadoras precarizadas de Paicor; se profundiza el conflicto de Salud; se abre el ciclo lectivo con un contundente No Inicio y una masiva movilización docente por salario y condiciones laborales. También continúan las protestas contra los femicidios y la falta de presupuesto y políticas para protección de las mujeres y disidencias y las niñeces. Schiaretti y el PJ cordobés son responsables del robo jubilatorio del 82% móvil, de la destrucción y saqueo ambiental, del gatillo fácil y de la pobreza e indigencia que asciende a más del 60%.

El PJ y la oposición patronal de Juntos por el Cambio vuelven a la carga con los proyectos para criminalizar la protesta social y aplicar mayor represión para hacer pasar el ajuste. Buscan limitar el derecho a la protesta callejera, imponiendo la media calzada y el “protestódromo”; y multar, enjuiciar y encarcelar a quienes luchan.

En 2022 frenamos el avance de estos proyectos, a través de la organización y la movilización, coordinando con los sectores en lucha. Desde Izquierda Socialista impulsamos la conformación de una multisectorial que sumó a gremios, organizaciones sociales, los partidos del FIT Unidad y otros espacios políticos para derrotar a los partidos patronales y su intento represivo. También, al gobierno le jugó en contra el resonado caso del crimen vial cometido por el legislador González, un hecho que ha dejado a la vista el entramado de impunidad, corrupción y complicidad entre la justicia y el poder político.
Desde Izquierda Socialista llamamos al conjunto de las organizaciones a reactivar la multisectorial y, a través de la unidad de los luchadores en las calles, dar por tierra con estos proyectos y la política represiva y ajustadora de los partidos patronales.

Escribe Rodolfo Sánchez

Luego del desalojo violento de la comunidad mapuche en Villa Mascardi, que terminó con varias mujeres presas, se comenzó a desarrollar una instancia de negociación en medio de la causa judicial. En Bariloche, el pasado viernes 10 participé como veedor designado por Izquierda Socialista, en la segunda reunión de la Mesa de Diálogo convocada por el juzgado que lleva el juicio contra el pueblo mapuche. De la reunión participaron el lof Lafken Winkul Mapu (Villa Mascardi), acompañados por voceros y representantes de otras comunidades de la región. También diversos organismos del Estado, Secretaría de Derechos Humanos, Parques Nacionales, Inadi y Seguridad. Además varios veedores, invitados por las partes. Izquierda Socialista fue invitada como veedora y acompañamos a la comunidad mapuche para fortalecer sus reclamos. En la primera reunión estuvo presente nuestra compañera Laura Marrone. En esta instancia entre los veedores estuvo la infatigable luchadora Norita de Cortiñas. Entre las dos reuniones de mesa, los representantes de las comunidades avanzaron y hasta participaron de una reunión con Alberto Fernández. El día anterior se conoció que la justicia prorrogó por noventa días el juicio oral a las cuatro mujeres de la comunidad.

Los puntos discutidos y supuestamente acordados (seguiremos peleando para que se cumplan) son: el regreso de la machi al Rewe (territorio de seis hectáreas recuperado por la Lof Lafken Winkul Mapu para fines de sanación), actualmente desalojado judicialmente. En el Rewe habrá tres espacios ceremoniales de construcciones (rucas). El Estado quiere hacer una construcción en la Ruta 40 para tener presencia estatal. El gobierno se comprometió a encaminar el reclamo de personería jurídica para la cesión de tierras a la comunidad. Por último, un punto difuso es que al principio la comunidad aceptó asentarse en otro predio, o sea que la Machi y sus acompañantes estarán en el Rewe y el resto en unos terrenos, a determinar lugar y extensión. El reclamo de cierre de la causa y la inmediata libertad de las presas sigue abierto.

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad además de la pelea por estas reivindicaciones, seguiremos bregando para que se reconozcan territorios a las comunidades para que puedan desarrollar su modo de vida sin la persecución. Y no como ocurre hoy día a lo largo del país que es una constante pelea para que se aplique el relevamiento de tierras legislado, mientras que a magnates como Joe Lewis se le conceden cientos de miles de hectáreas boscosas y el control del Lago Escondido, o se deja avanzar a los representantes de la monarquía qatarí con la apropiación de las nacientes del Río Chubut contra la resistencia de la comunidad mapuche local.